Sanción a un juez por un retraso injustificado de procesos y causas

Según un reciente comunicado del Consejo General del Poder Judicial, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de funciones impuesta a un juez de lo Penal de Tarragona por falta muy grave de retraso injustificado de procesos y causas. Según el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de octubre de 2013, que impuso la sanción, esta persona fue el juez de lo Penal de toda España que menos sentencias dictó durante 2012. Así, ese año dictó 107 sentencias, cuando la media de la comunidad autónoma era de 451, y en toda España, de 464. En el año 2011, el mismo Juzgado -al que dicho juez se incorporó el 9 de noviembre de ese año- dictó 396 sentencias.

El Supremo subraya que no se trata de sancionar el incumplimiento de los módulos de trabajo, ni tampoco el hecho de que no alcanzara la cifra media de sentencias de los Juzgados de lo Penal en Cataluña o en toda España, "sino que lo que se reprocha es la constatación de que, en términos absolutos, atendidas las circunstancias del propio Juzgado, la actividad desplegada por el recurrente en la labor fundamental como juez de lo Penal, de dictar sentencias y despachar las correspondientes ejecutorias, resulta manifiestamente insuficiente y escaso, atendiendo a su número y características, con la consiguiente incidencia en el retraso en la Administración de Justicia".

Añade el tribunal que el retraso en el desempeño de esa función básica del juez, "por su naturaleza, entidad, reiteración e incidencia en el funcionamiento de la administración de Justicia", tiene la suficiente gravedad para integrar la infracción muy grave apreciada por el Consejo del Poder Judicial, por lo que rechaza el recurso planteado por el juez.

Según informa la web Noticias Jurídicas, el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, inocoó a lo largo de 2014 un total de 39 expedientes a jueces y magistrados, de los que tan solo 11 concluyeron con imposición de sanciones, siendo la más grave la de 3 años de suspensión impuesta el pasado 26 de febrero al juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal. El Pleno le castigó  como responsable de una falta disciplinaria muy grave relacionada con su participación en los trabajos de redacción de una Constitución para Cataluña.

El resto de sanciones lo han sido por falta muy grave de retrasos, y de este tipo se han impuesto sanciones de un año de suspensión (en dos casos diferentes), una de seis meses, y otra de cinco días de suspensión más una multa de 301 euros, según las mismas fuentes. Por lo que se refiere a las multas, el CGPJ impuso un total de cinco a otros tantos jueces y magistrados también por retrasos sen sus juzgados, de 1.200 euros, 600, dos de 500 -una de ellas con advertencia al magistrado- y 150 euros respectivamente.