El CGPJ pone en marcha la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la constitución de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), una iniciativa que fue anunciada el pasado 25 de noviembre en el Congreso de los Diputados por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el objetivo de contribuir a que la tramitación y resolución de este tipo de procedimientos sea ágil, eficaz y permita alcanzar la respuesta inmediata de la que es acreedora la sociedad.
La UACC, que se configura como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados integrada en la Secretaría General del Consejo, detectará y evaluará los problemas que puedan existir en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y formulará a la Comisión Permanente las propuestas necesarias para solucionarlos.
El órgano de gobierno de los jueces entiende que la corrupción es un fenómeno criminal que pone seriamente en riesgo el desarrollo económico, el funcionamiento de la democracia, la calidad de la vida política y la justicia social de un país y que constituye no solo uno de los principales problemas de la sociedad actual, sino también una de las primeras preocupaciones de los españoles.
En este escenario, resulta evidente que la ineficiencia de la Justicia Penal frente a los fenómenos de corrupción es patente, pues aunque existen condenas en ocasiones éstas se producen tardíamente, tras largos y farragosos procesos, a lo que hay que añadir la sobrecarga de trabajo que sufren muchos Juzgados y Tribunales, la insuficiencia de medios materiales y las presiones a las que en ocasiones se ven sometidos los jueces y magistrados que realizan la instrucción.
El Consejo, consciente de que la dilación entre la infracción y la sanción reduce drásticamente el efecto de prevención de la norma penal, quiere así contribuir a lograr una mayor eficacia de los jueces y magistrados en la resolución de las causas por corrupción, mejorando tanto el funcionamiento de la Justicia como la percepción que de ella tiene la sociedad.
